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jueves, noviembre 13, 2025

Canarias pide al Estado aplicar ya la nueva ley para aliviar el hacinamiento de menores migrantes

El archipiélago acoge a más de 5.000 niños y niñas, triplicando su capacidad legal. Clavijo reclama agilidad al Gobierno central y solidaridad a las comunidades autónomas.

Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este miércoles al Gobierno central y a las comunidades autónomas a aplicar sin más demoras la nueva ley que regula el reparto nacional de menores migrantes no acompañados. La medida, ya en vigor, busca acabar con la situación de hacinamiento que viven los centros de acogida del archipiélago, donde actualmente se atiende a 5.037 menores pese a que su capacidad ordinaria es de solo 737.

Clavijo ha hecho un llamado firme al “cumplimiento inmediato de la ley” y ha solicitado oficialmente la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, tal como permite el nuevo marco legal. La petición se eleva un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto 743/2025, que fija por primera vez la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma en el sistema de tutela de menores extranjeros no acompañados.

“Ya no hay excusas. La ley está en vigor, el procedimiento es claro y los plazos también. Canarias no puede seguir soportando sola este fenómeno estructural”, declaró Clavijo, quien advirtió que hoy es el archipiélago quien sufre la presión, “pero mañana pueden ser Baleares o Andalucía”.

Un sistema nacional en marcha

El nuevo decreto establece que cualquier menor migrante que llegue sin familiares deberá ser asignado a una comunidad autónoma en un plazo máximo de 15 días. Además, se ha previsto un año para reubicar en otras regiones a más de 3.000 menores que actualmente superan la capacidad legal del sistema canario.

Clavijo aseguró que Canarias reforzará su personal con 26 nuevos trabajadores para garantizar el cumplimiento de todos los procedimientos administrativos y acelerar las derivaciones. “Hemos hecho un trabajo serio, jurídico y político. Ahora toca que el resto del país responda”, afirmó.

Apoyo sindical y llamado a la solidaridad

Las declaraciones del presidente canario se produjeron tras una reunión con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien expresó su respaldo a las demandas del Gobierno autonómico y pidió al resto de comunidades “altura de miras y humanidad” ante una realidad que afecta a la infancia migrante.

Clavijo también criticó la resistencia de algunos gobiernos regionales a participar en la acogida:

“Estamos hablando de niños y niñas. En un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir 4.000 menores. El que quiere hacer de esto un arma política está fallando a la democracia”.

Asimismo, recordó que mientras la sociedad española acogió con naturalidad a miles de personas refugiadas ucranianas, hoy se usa el color de piel de los menores africanos como argumento político por sectores populistas.

Tres decretos, un cambio histórico

La declaración de contingencia migratoria extraordinaria se enmarca en un proceso iniciado hace más de un año por el Gobierno canario. En marzo, se aprobó un primer real decreto que introdujo una disposición adicional en la Ley de Extranjería para permitir el reparto obligatorio de menores migrantes.

En julio, otro decreto reguló el procedimiento para declarar situaciones de emergencia, y finalmente, el texto aprobado esta semana fija con claridad las capacidades ordinarias de acogida por comunidad autónoma, un paso clave para garantizar la equidad y evitar que el peso migratorio recaiga en unas pocas regiones.

Una oportunidad para la integración

Clavijo se mostró convencido de que el país tiene la capacidad para acoger e integrar con dignidad a los menores migrantes:

“La migración es un fenómeno estructural que no se puede seguir gestionando con parches. Hay que abordarlo con responsabilidad, solidaridad y respeto a los derechos humanos”.

Canarias espera que, con la entrada en vigor del nuevo sistema, se logre descongestionar sus centros de acogida y avanzar hacia un modelo de tutela más justo y sostenible a nivel nacional.

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