Opinión | Mohamed Jamil Derbah
Presidente de Fuerza Canaria
Soldecanarias.net/ Redacciòn
La reciente clausura de centros de acogida de menores migrantes en Gran Canaria y las investigaciones judiciales por presuntos casos de malos tratos nos sitúan ante una realidad tan dolorosa como inaceptable. Aunque los hechos deben ser analizados con el respeto debido a la presunción de inocencia y al proceso judicial en curso, no podemos permanecer en silencio cuando lo que está en juego es la integridad, la seguridad y la dignidad de niños y niñas que dependen exclusivamente de las instituciones públicas para su protección.
Desde Fuerza Canaria queremos expresar nuestro más absoluto rechazo ante lo que parece ser si se confirman los indicios una cadena de errores, negligencias y falta de supervisión en el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados. Ni la saturación de los centros, ni las dificultades logísticas, ni la presión migratoria pueden servir de excusa para justificar la desprotección. La saturación se gestiona, se prevé, se planifica. La infancia, en cambio, se cuida. Y si no se está haciendo, entonces hablamos de una grave responsabilidad institucional.
Los menores migrantes no son una carga. Son seres humanos en situación extrema, muchos de ellos víctimas de conflictos, pobreza estructural o abandono. Son niños y niñas que no han elegido estar aquí, y que sin embargo llegan a nuestras costas con la esperanza de encontrar un mínimo de seguridad. Si los estamos recibiendo con indiferencia, si los estamos relegando a centros sin control, si los estamos entregando a entidades sin solvencia ética ni técnica, entonces el problema no es la migración. El problema somos nosotros.
Desde Fuerza Canaria pedimos con firmeza:
- Una auditoría urgente e independiente de todos los centros de acogida de menores migrantes en Canarias.
- Transparencia total en los procesos de adjudicación de su gestión, incluyendo los criterios técnicos, económicos y sociales aplicados.
- Depuración inmediata de responsabilidades si se confirman las irregularidades en la gestión, tanto administrativas como políticas.
- Un plan estatal de corresponsabilidad, con el reparto equitativo de los menores entre comunidades autónomas. Canarias no puede seguir asumiendo en solitario una realidad que es nacional y europea.
Nos alarma, además, que algunas de las entidades bajo investigación por supuestos malos tratos ya hubieran sido señaladas anteriormente y, pese a ello, hayan seguido recibiendo contratos millonarios. Si esto se confirma, no estamos solo ante una dejación de funciones: estaríamos hablando de una posible connivencia o desidia institucional inadmisible.
Proteger a los menores no es una opción política. Es una obligación constitucional recogida en el artículo 39 de nuestra Carta Magna. Y es, también, una exigencia moral que nos interpela como sociedad. No basta con discursos vacíos ni con promesas de mejora. Hace falta un cambio estructural, profundo, valiente.
Canarias ha demostrado siempre ser una tierra solidaria, abierta, generosa. Pero esa imagen no puede sostenerse solo en los eslóganes institucionales. Debe reflejarse en las políticas públicas, en la gestión diaria y en la voluntad real de cuidar a quienes más lo necesitan. Y hoy, los que más lo necesitan y más están siendo olvidados son estos menores migrantes.
Desde Fuerza Canaria seguiremos defendiendo un modelo de gestión que anteponga los derechos humanos al beneficio económico, la transparencia al oscurantismo, y la ética a la costumbre de mirar hacia otro lado. Porque en cuestiones de infancia, el silencio es complicidad. Y la indiferencia, una forma de violencia.
Es hora de actuar. Canarias no puede fallarles más.
