La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha identificado a Canarias como la Comunidad Autónoma donde más licitaciones públicas quedaron desiertas en el primer trimestre de 2023 ante la incapacidad de las empresas de asumir el coste de las obras. Así lo ponen de manifiesto los datos desglosados por la patronal de la construcción, que reflejan que 65 de las 318 obras no iniciadas en los tres primeros meses del año en toda España corresponden al archipiélago.
Los contratos públicos desiertos en Canarias suman un total de 13,4 millones de euros frente a los 189,1 millones de euros del total de España. La siguiente región en cuanto a número de obras sin empresas que concurran es Castilla y León con 35, seguida de Andalucía con 32.
Hasta cinco licitaciones en Canarias sin constructoras que ejecuten sus obras superan el millón de euros: la rehabilitación y adecuación de un conjunto de edificación compuesto por 40 viviendas en Breña Baja (La Palma), una escuela infantil, una plaza y zona deportiva en San Sebastián de la Gomera, la regeneración y renovación urbana de una urbanización en La Palma y la construcción de una oficina de la Seguridad Social en Fuerteventura. Las licitaciones de los cuatro primeros oscilan entre 1-1,3 millones de euros y la quinta asciende a 3,1 millones.
Además, en abril CNC ha identificado otros dos proyectos significativos desiertos: el suministro, adecuación, montaje, programación y puesta en marcha de la Línea de Tratamiento y Clasificación Automática de Residuos del Complejo Ambiental de Zurita (Fuerteventura, 4,5 millones) y la ejecución de un centro sociosanitario en Arico (Tenerife) por 3,5 millones.
CNC ha reclamado a los partidos políticos un compromiso de cara al adelanto electoral con un . sistema para reequilibrar los precios de los contratos, tal y como ha trasladado por carta a los principales grupos parlamentarios. A juicio de CNC, resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de España; y podría disparar las disoluciones y los concursos de acreedores de constructoras.
La patronal alerta de que los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras pueden paralizar el sector, lo que terminaría frenando el crecimiento económico y la creación de empleo, pues la construcción canalizará en torno a 7 de cada 10 euros de los fondos europeos.
Por ello, CNC urge a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que, matizando la Ley de desindexación de la economía española, se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos, dándole estabilidad y evitando parches o soluciones extraordinarias que a la larga no solucionan estos problemas, que también podrían resolverse desde las corporaciones locales.
Abuso del silencio administrativo
Tras las recientes elecciones municipales y autonómicas, la patronal revela a los nuevos equipos de Gobierno que las constructoras han constatado que muchos ayuntamientos o diputaciones son la administración más negligente a la hora de aplicar el Real Decreto 03/2022, puesto que no actualizan los precios y abusan del silencio administrativo.
Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, “nuestro sector requiere estabilidad y certidumbre para no desperdiciar los fondos europeos y lograr los objetivos del Plan de Recuperación. Por ello, esperamos que el problema de los sobrecostes que sufren las constructoras forme parte de la agenda política de cara a las próximas elecciones. No obstante, muchas de las obras financiadas por los fondos NextGenerationEU pertenecen al ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades. Por ello, los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tienen que saber que aplicar la revisión de precios es imprescindible para ejecutar los fondos europeos y evitar la parálisis de un sector determinante para la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos”.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial que agrupa a la práctica totalidad de un sector que en nuestro país representa casi el 10% del PIB y da empleo a cerca de 1,3 millones de personas.
La CNC ofrece una voz única y consensuada ante los poderes públicos u otros entes nacionales e internacionales, también del ámbito privado, en defensa de un sector que tiene en la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la cualificación de sus empleados las palancas de competitividad necesarias para resultar determinante en la recuperación social y económica de España.
