Visocan y una inquilina con 27 años de pagos acumulados se enfrentan en los tribunales mientras el acceso a la propiedad de miles de VPO sigue bloqueado por la falta de voluntad política y presupuestaria.
Soldecanarias.net / Redacciòn
El largo camino hacia la propiedad de las viviendas públicas en Canarias ha dado un nuevo giro, esta vez con tintes judiciales. Araceli Refoyo, presidenta de la asociación Viviendas Sociales en Lucha, ha demandado a la empresa pública Visocan por negarse a formalizar la venta de su vivienda de protección oficial, tras casi tres décadas como inquilina y más de 77.000 euros pagados en concepto de renta.
Según la demandante, ya ha cumplido con el requisito legal de haber abonado el 50% del precio de venta —estimado en 37.184 euros—, por lo que solicita que se reconozca su derecho a la propiedad sin necesidad de realizar nuevos pagos, ni siquiera los correspondientes al alquiler.
Pero Visocan no ha tardado en responder: ha presentado una demanda por impago de alquiler desde enero de 2024, reclamando 3.805 euros y defendiendo que la mera solicitud de compra no exime a Refoyo de seguir abonando la renta mensual.
El caso se encuentra en medio de una maraña judicial. La primera demanda fue rechazada por un juzgado de Telde por cuestiones de competencia, y ahora la Audiencia Provincial debe decidir qué órgano judicial debe asumirla. La segunda, por impago de alquiler, sigue su curso mientras la defensa de Refoyo pide suspenderla hasta que se resuelva la primera.
Este conflicto refleja un problema mayor: la aplicación del decreto autonómico aprobado en 2023, que permite a miles de familias acceder a la propiedad de las VPO anteriores a 1996, avanza con lentitud. Aunque el texto legal establece que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) debe subvencionar el 50% del precio de venta, no ha habido partidas presupuestarias para ello ni en 2023 ni en 2024.
Visocan, por su parte, administra más de 4.500 viviendas y recaudó 27 millones de euros en rentas el año pasado, una cifra que muchos adjudicatarios creen que explica la resistencia de la empresa a ceder la propiedad de los inmuebles.
Mientras tanto, la frustración crece entre las más de 3.000 familias del II Plan de Vivienda de Canarias (1992-1995), que esperaban ver por fin cumplida la promesa del acceso a la propiedad tras décadas de espera. La vía judicial parece, de momento, el único camino para quienes han perdido la fe en la palabra del Gobierno.
