Clavijo advierte de que recurrirá a la Fiscalía si las comunidades incumplen la ley de acogida
Soldecanarias.net / Redacciòn
El Gobierno de Canarias ha decidido elevar el tono ante la falta de colaboración de algunas comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados. El presidente regional, Fernando Clavijo, advirtió este martes de que el Ejecutivo canario no dudará en acudir a la Fiscalía de Menores si continúan los obstáculos para ejecutar los traslados obligatorios previstos por la ley.
Tras reunirse en el Senado con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, Clavijo explicó que cerca de 700 menores que llegaron a las islas antes de la declaración de la contingencia migratoria deben ser reubicados fuera del Archipiélago antes de mediados de marzo. Sin embargo, denunció que comunidades como Madrid, La Rioja o Castilla-La Mancha están poniendo dificultades, alegando falta de plazas y recursos.
El presidente canario defendió que el cumplimiento de la norma no es opcional y recordó que el interés superior del menor está por encima de cualquier discusión competencial. “Cuando un niño llega a Canarias no se le puede decir que no hay sitio”, subrayó, insistiendo en que ese mismo principio debe aplicarse al resto del territorio nacional.
Clavijo recalcó que la Fiscalía puede intervenir para garantizar la tutela de los menores y advirtió de las consecuencias legales que podría acarrear la negativa de una comunidad autónoma a cumplir con sus obligaciones. Según explicó, esta vía ya se ha utilizado anteriormente, incluso contra la propia administración canaria, cuando no se disponía de recursos suficientes.
Hasta el momento, cerca de un millar de menores han sido trasladados a la península desde Canarias, Ceuta y Melilla sin que se hayan registrado incidentes de convivencia. Aun así, el Ejecutivo regional considera insuficiente el ritmo actual y reclama mayor agilidad por parte del Estado, especialmente en los procedimientos administrativos que afectan a los jóvenes llegados tras la declaración de la emergencia.
El objetivo del Gobierno canario es reducir la presión sobre su sistema de acogida y situarse dentro de los límites legales de capacidad, en un contexto marcado por la persistencia de los flujos migratorios en la ruta atlántica. Para Clavijo, el mensaje es claro: la solidaridad territorial ya no puede depender de la voluntad política, sino del cumplimiento estricto de la ley.
