España pide a Bruselas autorización para restringir la compra de casas con fines no residenciales en las islas ante el encarecimiento del mercado
Soldecanarias.net / Redaciòn
El Gobierno de España ha llevado a la Unión Europea una propuesta inédita para Canarias: limitar la adquisición de viviendas que no tengan como destino el uso residencial, con el objetivo de frenar la escalada de precios y mejorar el acceso a la vivienda de la población local, especialmente jóvenes y colectivos con mayores dificultades.
La iniciativa ha sido trasladada a la Comisión Europea dentro del debate sobre la futura adaptación normativa de las regiones ultraperiféricas (RUP), un grupo de territorios con singularidades reconocidas por los tratados comunitarios, entre los que se encuentra el Archipiélago canario. Según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la medida busca aliviar la presión que soporta un mercado inmobiliario tensionado por la compra de viviendas como inversión o segunda residencia.
En Canarias, más de un tercio de las operaciones de compraventa de vivienda corresponden a ciudadanos extranjeros, mientras que los precios se han incrementado en más de un 50% en la última década. Para el Ejecutivo central, estas cifras justifican la necesidad de explorar excepciones regulatorias que permitan proteger el derecho a la vivienda en un territorio limitado y fragmentado.
Coincidencia con el Gobierno canario, aunque con matices
La propuesta estatal coincide en el diagnóstico con el Ejecutivo autonómico, que desde hace meses reclama a Bruselas un trato diferenciado en materia de vivienda. Sin embargo, la fórmula planteada por Madrid difiere de la defendida por Canarias, que aboga por restringir directamente la compra a extranjeros no residentes.
El presidente canario, Fernando Clavijo, se desplazó recientemente a la capital comunitaria para defender esta posición, apoyándose en datos que reflejan la fuerte incidencia de compradores foráneos en el mercado local y en el impacto que ello tiene sobre la población residente. El Gobierno central respaldó esa preocupación en reuniones técnicas celebradas en noviembre y ahora ha optado por elevar una propuesta propia, extensible al conjunto de las RUP, pero centrada en el uso de la vivienda y no en la nacionalidad del comprador.
“Se trata de establecer mecanismos legales que eviten que la vivienda se destine a fines especulativos o no residenciales, favoreciendo así una bajada de precios y un mayor acceso para quienes viven en estos territorios”, ha señalado Torres.
Más demandas para las regiones ultraperiféricas
El planteamiento español ante la Comisión Europea va más allá del ámbito de la vivienda. Incluye también reivindicaciones clave para Canarias en sectores como la agricultura, la pesca y la gestión migratoria.
En el ámbito del sector primario, España solicita reforzar y simplificar el Programa POSEI, considerado esencial para compensar los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad. La propuesta insiste en mantener su singularidad presupuestaria, reducir cargas burocráticas y facilitar inversiones que mejoren la sostenibilidad del sector.
En materia migratoria, el Ejecutivo reclama mecanismos ágiles para redistribuir personas migrantes y menores no acompañados desde las RUP hacia el continente europeo, evitando que territorios como Canarias soporten una presión desproporcionada. Solo en 2025, el Archipiélago llegó a tutelar a cerca de 6.000 menores migrantes llegados por vía marítima.
Asimismo, España pide a Bruselas mayor flexibilidad en la concesión de ayudas de Estado para estas regiones y propone convertirlas en espacios piloto donde ensayar nuevas soluciones legislativas antes de su aplicación en el conjunto de la Unión.
La respuesta de la Comisión Europea será clave para determinar si Canarias puede convertirse en un laboratorio de políticas excepcionales frente a uno de sus problemas estructurales más acuciantes: el acceso a la vivienda en un territorio finito y cada vez más demandado.
