La Audiencia de Cuentas alerta de graves deficiencias en la Agencia de Protección del Medio Natural, que acumula multas prescritas por valor de hasta 15 millones de euros
Solsdecanarias.net / Redacciòn
La ineficacia administrativa en la gestión de las sanciones medioambientales amenaza con costarle muy caro a Canarias. Un informe reciente de la Audiencia de Cuentas advierte de que el Archipiélago podría perder hasta 14,8 millones de euros en multas por infracciones ambientales que han prescrito o están a punto de hacerlo debido a la falta de seguimiento en su cobro por parte de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN)
El órgano fiscalizador señala que casi la mitad de esa cantidad, unos 6,6 millones de euros, corresponde a sanciones impuestas antes de 2018, lo que reduce drásticamente las posibilidades de recuperación del dinero. La situación no es puntual: año tras año se repite el mismo patrón de inacción. En 2023 quedaron pendientes de cobro 3,8 millones de euros; en 2022, 2,8 millones; y en 2021, más de un millón.
La Intervención General de la Comunidad Autónoma detecta una “falta de control del proceso recaudatorio”, junto a múltiples deficiencias procedimentales que podrían estar causando un perjuicio directo a las arcas públicas. Aunque la Agencia tiene capacidad para imponer sanciones, el informe concluye que no garantiza su ejecución, lo que debilita el sistema de protección ambiental.
Uno de los factores clave es la normativa vigente. La Ley del Suelo de Canarias, aprobada en 2017, fija plazos de prescripción relativamente cortos: tres años para las infracciones muy graves, dos para las graves y uno para las leves. Este marco legal, unido a la pasividad administrativa, ha convertido muchas multas en papel mojado.
La propia ACPMN reconoce la situación al estimar un saldo de dudoso cobro superior a seis millones de euros, aunque oficialmente mantiene provisiones contables a cero. La Audiencia de Cuentas detalla que estas cantidades se arrastran desde hace casi una década, con importes que aumentan de forma progresiva en los últimos ejercicios.
En 2024, la Agencia tenía previsto ingresar más de 12 millones de euros, pero solo recaudó el 77,9%. Ese porcentaje es engañoso: más del 70% procede de transferencias directas del Gobierno autonómico, mientras que el cobro real de tasas y multas apenas alcanza el 14,5%. El informe es tajante: esa recaudación “no se materializa”.
A las deficiencias en el cobro se suman pagos indebidos, cancelaciones improcedentes y la falta de reintegro de remanentes de tesorería, además de una colaboración incompleta con la Audiencia de Cuentas en materia contractual. La Agencia tampoco ha devuelto fondos no utilizados ni ha facilitado el acceso íntegro a los expedientes solicitados.
Paradójicamente, la actividad sancionadora no ha disminuido. En 2024 se abrieron 2.042 expedientes por infracciones ambientales, la cifra más alta desde 2017. Sin embargo, la efectividad del sistema se ve lastrada por una estructura incompleta, con 34 vacantes de un total de 174 puestos.
El informe dibuja un escenario preocupante: se sanciona, pero no se cobra, y el daño ambiental queda, en muchos casos, sin una respuesta económica proporcional. Para la Audiencia de Cuentas, la situación exige medidas urgentes, no solo para proteger el erario público, sino también para preservar la credibilidad de la política ambiental en Canarias.
