El Ejecutivo busca una fórmula legal que permita limitar la compra de casas sin chocar con las normas europeas, en un momento considerado clave.
Soldecanarias.net / Redacciòn
Una batalla a contrarreloj en Bruselas
El Gobierno de Canarias ha activado todos sus recursos para intentar frenar la creciente presión de la demanda extranjera sobre el mercado inmobiliario del Archipiélago. Consciente de que las oportunidades políticas y jurídicas son limitadas, el Ejecutivo ha decidido mover ficha en varios frentes internacionales, pero con cautela: no pedirá la implicación del Estado hasta que no tenga una fórmula jurídica sólida que pueda ser defendida ante la Comisión Europea.
El objetivo no es otro que lograr que Bruselas autorice restricciones específicas para proteger el acceso de los residentes a la vivienda, un bien cada vez más inaccesible en muchas zonas de las islas.
Tres escenarios de presión política
La estrategia canaria se desarrolla en tres ámbitos esenciales: las Regiones Ultraperiféricas (RUP), el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y el Parlamento Europeo. Las primeras gestiones han sembrado cierto optimismo: la Comisión de Islas, uno de los foros donde Canarias ha defendido su situación, mostró comprensión hacia los problemas derivados de la especulación inmobiliaria.
Además, la política de vivienda del Gobierno autonómico ha encontrado en Dan Jorgensen, comisario europeo del ramo, un aliado importante. Jorgensen ha valorado positivamente los esfuerzos por simplificar trámites y fomentar la inversión privada en la construcción de nuevas viviendas, dos de los pilares de la actual estrategia canaria.
Un desafío jurídico en terreno hostil
Sin embargo, la tarea no será fácil. La libre circulación de capitales es uno de los principios sagrados de la Unión Europea, y cualquier excepción debe estar muy bien justificada. Canarias, amparándose en su condición de región ultraperiférica y en la gravedad de su crisis de acceso a la vivienda, intentará demostrar que se enfrenta a una situación excepcional que requiere medidas específicas.
La prudencia manda en esta fase: el Ejecutivo autonómico no quiere correr el riesgo de un rechazo frontal de Bruselas por presentar una propuesta inmadura o jurídicamente inviable.
El momento es ahora
En el entorno del Gobierno regional existe la sensación de que esta es una oportunidad única. La combinación de crisis habitacional, sensibilidad social creciente y apertura de la Comisión Europea a considerar políticas regionales innovadoras en materia de vivienda puede generar un contexto favorable para la reivindicación canaria.
Si la estrategia funciona, Canarias podría sentar un precedente dentro de la UE para proteger a sus residentes en un mercado inmobiliario desbordado por el interés exterior. Si fracasa, el Archipiélago tendrá que seguir buscando otras vías para aliviar un problema que no deja de agravarse.
