La inversión en viviendas de lujo por parte de ciudadanos no comunitarios impulsa el mercado inmobiliario isleño; europeos, los principales beneficiarios
Soldecanarias.ent / Redacciòn
Desde que en 2014 se aprobara la Ley 14/2013 para favorecer la atracción de inversión extranjera, un total de 1.784 ciudadanos extracomunitarios han obtenido la residencia en España a través de la llamada «Golden Visa», un permiso especial vinculado a la compra de inmuebles de lujo. Canarias, con su atractivo climático, fiscal y turístico, ha captado el 8% de estas autorizaciones, consolidándose como uno de los destinos preferidos para quienes buscan invertir y residir en el país.
Este visado, destinado a quienes realizan una inversión inmobiliaria superior al medio millón de euros, se ha convertido en una vía rápida de acceso al permiso de residencia, especialmente valorada por ciudadanos europeos de países no pertenecientes a la Unión Europea, como Reino Unido, Rusia o Suiza. Aunque en los últimos años también se han sumado interesados de Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.
El programa, inicialmente pensado para dinamizar la economía en los años posteriores a la crisis financiera, ha evolucionado hasta convertirse en un elemento estructural del mercado inmobiliario de alta gama. Las zonas más demandadas en Canarias son aquellas con mayor proyección turística y residencial: el sur de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Además de la inversión en vivienda, la ley contempla otras vías para obtener la Golden Visa, como el traslado de empleados entre multinacionales, la contratación de altos ejecutivos, o la llegada de teletrabajadores y profesionales altamente cualificados. Sin embargo, es la compra de bienes inmuebles la opción mayoritaria por su rapidez y la seguridad que ofrece el mercado inmobiliario español.
El impacto de este programa ha sido objeto de debate. Si bien ha servido para atraer capital y apuntalar el sector de la construcción y servicios, también ha levantado preocupaciones sobre la presión que ejerce sobre el acceso a la vivienda para la población local, especialmente en zonas turísticas donde los precios se han disparado.
En un contexto en el que varios países europeos están revisando sus políticas de «visados dorados», España sigue manteniendo este mecanismo como un incentivo a la inversión exterior. No obstante, distintas organizaciones y voces políticas reclaman una revisión del modelo para garantizar que los beneficios se repartan de forma más equitativa y sostenible.
