El alcalde de Santa Cruz denuncia la inseguridad jurídica de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, mientras exige una clarificación al Ministerio de Transportes para evitar consecuencias económicas.
Soldecanarias.net / Santa Cruz de Tenerife
Bermúdez denuncia la presión del Estado a cambio de fondos para el transporte público
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), no ocultó su preocupación durante el último pleno municipal, donde calificó de «coacción» la exigencia del Ministerio de Transportes para que los municipios con más de 50.000 habitantes implanten la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como condición para recibir ayudas estatales al transporte público. Según Bermúdez, el Gobierno central obliga a los ayuntamientos a firmar una declaración responsable sobre la implantación de la ZBE, a pesar de la alta litigiosidad y la falta de seguridad jurídica en torno a esta medida, lo que pone en riesgo tanto las ayudas como la estabilidad de los proyectos de movilidad urbana.
Bermúdez destacó que la ZBE ha sido recurrida en varios lugares de España, como Madrid y Barcelona, e incluso suspendida por la Asamblea Nacional Francesa, lo que pone en evidencia la incertidumbre jurídica que existe sobre su implementación. El regidor también alertó sobre el peligro que supone para los municipios tener que asumir una medida tan polémica y sin un respaldo legal claro, pues podría acarrear consecuencias económicas y legales graves para el consistorio.
“Es inaudito que tengamos que poner en marcha una ZBE para recibir fondos destinados al transporte público cuando no existe certeza sobre su viabilidad. No podemos exigir la implantación de una medida sin la seguridad jurídica suficiente”, afirmó el alcalde. Bermúdez pidió una clarificación inmediata del Gobierno de España sobre este asunto para evitar que la ciudad sufra las consecuencias de una posible nulidad de los proyectos de ZBE en los tribunales.
Además de esta denuncia, el pleno también abordó otros temas relevantes, como la moción del PSOE para aumentar la financiación de Titsa y mejorar las frecuencias y líneas en barrios periféricos. Sin embargo, la propuesta no logró el apoyo mayoritario, lo que provocó un enfrentamiento con la concejal de Movilidad, Evelyn Alonso, quien fue criticada por la reciente anulación de una ordenanza de Movilidad por parte de la justicia.
Otro tema candente fue la regulación de las autocaravanas, especialmente en la playa de Las Teresitas, donde se han producido múltiples actos incívicos. El consistorio se comprometió a intensificar la vigilancia y buscar soluciones para habilitar áreas adecuadas para la pernoctación de estos vehículos.
