El Ejecutivo blinda el anonimato de los beneficiarios de 340 millones en subvenciones por el volcán mientras crece la controversia jurídica y social
Soldecanarias.net / La Palma
El Gobierno de Canarias ha optado por mantener en secreto la identidad de los beneficiarios de las ayudas concedidas tras la erupción del volcán de La Palma, una decisión que ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de datos personales y el derecho de la ciudadanía a conocer el destino del dinero público. La partida destinada a compensar los daños asciende ya a 340 millones de euros, pero los listados publicados en el Boletín Oficial de Canarias siguen omitiendo los nombres de quienes reciben las subvenciones.
La estrategia del Ejecutivo regional ha ido un paso más allá al llevar a los tribunales a la Comisionada de Transparencia de Canarias, que había ordenado hacer públicos esos datos tras una reclamación presentada por la asociación de damnificados Tierra Bonita. Se trata de una situación inédita en el Archipiélago y que ha dividido a expertos en transparencia, juristas y autoridades de protección de datos.
Desde la Consejería de Presidencia, liderada por Nieves Lady Barreto, se defiende que revelar las identidades de los beneficiarios podría vulnerar el derecho al honor, la intimidad y la protección de la situación patrimonial previa de las personas afectadas por la erupción de 2021. El Gobierno sostiene que hacer público el importe de las ayudas permitiría deducir el valor de los bienes perdidos antes del desastre, algo que, a su juicio, no debe difundirse.
Para respaldar esta postura, el Ejecutivo se apoya en un informe jurídico interno y en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, que permite excepciones a la publicidad cuando la divulgación de datos personales pueda resultar lesiva. Tanto la Intervención General de la Comunidad Autónoma como la del Estado han avalado el cumplimiento de la orden, sin entrar a valorar el fondo del conflicto.
Sin embargo, la Comisionada de Transparencia, Noelia García, mantiene que ser víctima de una catástrofe natural no es un hecho que menoscabe la consideración social ni afecte al derecho al honor. En su resolución, sostiene que los datos que se revelarían no pertenecen a las categorías especialmente protegidas por la normativa europea y que la publicación de los beneficiarios responde a un claro interés público: garantizar el control, la fiscalización y la correcta distribución de fondos procedentes de los impuestos.
García recuerda además que una orden administrativa no puede contradecir una obligación legal de transparencia. No obstante, tras su requerimiento, el Gobierno canario modificó la recientemente aprobada ley de volcanes para incorporar un artículo que eleva a rango legal la ocultación de los nombres, con efectos retroactivos desde el inicio de la erupción. Este movimiento ha sido interpretado por la oposición como una maniobra para blindar jurídicamente el anonimato.
El debate ha llegado también al Parlamento de Canarias, donde se han cuestionado los criterios de reparto de las ayudas, los tiempos de pago y la falta de información pública sobre quién cobró primero, quién después y quién quedó fuera del sistema de compensaciones.
Entre los especialistas consultados, las posiciones no son unánimes. Algunos expertos en transparencia consideran que conocer la identidad de los perceptores de dinero público no vulnera la intimidad, al tratarse de datos económicos y no sensibles. Otros, en cambio, advierten de que las personas afectadas por una catástrofe se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y merecen una protección reforzada.
Como vía intermedia, varios juristas proponen soluciones técnicas como la seudonimización o el acceso restringido a la información para personas con interés legítimo, de forma que se garantice la rendición de cuentas sin exponer innecesariamente a los damnificados. Aun así, coinciden en que la supresión total de los nombres de los beneficiarios resulta, cuando menos, una medida extrema.
Mientras el asunto se dirime en los tribunales, el conflicto entre transparencia y privacidad sigue abierto, en un contexto marcado por una de las mayores inversiones públicas realizadas en Canarias y por la exigencia social de claridad en la gestión de los fondos destinados a la reconstrucción de La Palma.
