La patronal del alquiler vacacional sostiene que los pisos sin licencia no pasarán al mercado residencial y reclama seguridad jurídica para que los propietarios se animen a alquilar a largo plazo.
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha salido al paso del anuncio realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que se instaba a las plataformas digitales a retirar 53.000 anuncios de viviendas turísticas sin licencia en toda España, de los cuales 8.698 corresponden a Canarias.
El colectivo rechaza que se califique como “ilegales” a estos inmuebles, y matiza que no contar con número de registro “no convierte por sí solo a una vivienda en ilegal”, ya que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para conceder, revocar o validar las licencias y declaraciones responsables.
Más allá de la terminología, Ascav subraya que retirar los anuncios de las plataformas no implica que las viviendas vayan a volver al mercado residencial, como sostiene el Ejecutivo central. “Ningún gobierno que ha prometido prohibir las viviendas turísticas para engrosar la oferta de alquiler residencial ha visto cumplida su promesa”, recuerda la asociación.
Según la patronal, la medida tendrá como único efecto que esos pisos “no puedan comercializarse en páginas webs de promoción turística”. Sin embargo, insiste en que, para que realmente aumente la oferta de vivienda para jóvenes y familias, es necesario derogar la actual Ley de Vivienda y restablecer la seguridad jurídica que dé garantías a los arrendadores.
Ascav considera que, mientras no se aborde el problema de fondo, la política de “señalar a las viviendas vacacionales” no servirá para resolver el grave déficit habitacional en Canarias, donde la escasez de alquiler asequible tiene múltiples causas, desde la falta de suelo urbanizable hasta la presión del mercado turístico y la ausencia de un parque público suficiente.
Con este posicionamiento, la asociación vuelve a situar el debate en la necesidad de un marco estable y adaptado a la realidad insular, frente a lo que perciben como un discurso político simplificador que carga toda la responsabilidad en el alquiler vacacional.
