La presidenta Doris Borrego defiende que el alquiler vacacional reparte la riqueza del turismo y critica que el proyecto de ley favorece a los grandes empresarios
Soldecanarias.net / Redacciòn
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) llevó ayer al Parlamento de Canarias su preocupación por la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, en tramitación en la Cámara autonómica. Su presidenta, Doris Borrego, subrayó que la vivienda vacacional ha permitido que los beneficios del turismo lleguen directamente a las familias canarias, generando ingresos, empleo y dinamización económica en sectores como la restauración, el comercio, la cultura y el ocio.
Borrego alertó a los diputados de que la actual redacción del texto legal supondría “un auténtico mazazo” para miles de pequeños propietarios, ya que limita su actividad y abre la puerta a que el negocio quede concentrado en “los de siempre”: las grandes cadenas turísticas. “La vivienda vacacional ha democratizado el turismo en Canarias, y con esta ley corremos el riesgo de volver a un modelo exclusivo que margina a las familias”, señaló.
En la comparecencia también intervino el asesor jurídico de ASCAV, Javier Valentín, quien analizó las implicaciones legales de la norma. A su juicio, el proyecto busca restringir progresivamente la actividad a los pequeños propietarios, impidiendo que quienes poseen apartamentos o bungalows puedan comercializarlos de manera independiente. Además, criticó que la supuesta figura de “consolidación de uso” es, en la práctica, “una trampa legal que beneficiará solo a una minoría, mientras el grueso de los propietarios quedará fuera del sistema”.
ASCAV insistió en que la normativa, tal y como está planteada, pone en riesgo a miles de familias que han encontrado en el alquiler vacacional una fuente legítima de ingresos. “No pedimos privilegios, sino reglas justas que nos permitan competir y seguir aportando al desarrollo económico de las islas”, concluyó Borrego.
La asociación espera que los grupos parlamentarios introduzcan cambios en el proyecto de ley que reconozcan la aportación social y económica del alquiler vacacional y eviten, según sus palabras, que la actividad turística quede exclusivamente en manos de los grandes empresarios.
