El municipio busca fijar doctrina sobre la evaluación ambiental en espacios protegidos tras el fallo que avala una urbanización en Red Natura 2000
Soldecanarias.net / Arona
El Ayuntamiento de Arona ha decidido elevar al Tribunal Supremo el debate jurídico sobre la protección ambiental de la Montaña de Guaza, uno de los enclaves naturales más sensibles del sur de Tenerife. La corporación municipal ha presentado un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que exime a una promotora inmobiliaria de someter a evaluación ambiental un proyecto urbanístico previsto en este espacio catalogado como monumento natural.
La resolución judicial, dictada el pasado 5 de noviembre, permitió a la empresa Metrovacesa avanzar en su proyecto residencial en una de las laderas de Guaza sin necesidad de evaluación ambiental previa, al considerar que las Normas de Conservación del espacio, aprobadas en 2008, califican este tipo de actuación como uso permitido. Frente a este criterio, el consistorio sostiene que la interpretación de la legislación puede abrir la puerta a una rebaja efectiva de las garantías ambientales en zonas protegidas.
En un comunicado oficial, el Ayuntamiento explicó que el recurso presentado el 13 de enero persigue que el Supremo clarifique qué normativa debe prevalecer cuando una actuación urbanística puede afectar a espacios integrados en la Red Natura 2000. El objetivo, subrayan, es evitar lecturas legales que, en la práctica, debiliten los mecanismos de protección del territorio.
Desde el gobierno local, presidido por la alcaldesa Fátima Lemes, se insiste en que la sentencia del TSJC no implica la concesión automática de licencias urbanísticas. Cualquier autorización, recuerdan, deberá ajustarse a la normativa vigente y a los informes técnicos y sectoriales correspondientes. Lemes defendió la necesidad de reforzar la ordenación del territorio y reconoció que la actual complejidad legislativa genera conflictos difíciles de resolver en el ámbito municipal.
El concejal de Urbanismo, Javier Baute, respaldó el recurso al afirmar que Arona ha optado por situarse del lado de la protección ambiental en un asunto que enfrenta interpretaciones legales divergentes. A su juicio, será finalmente la Justicia la que determine el marco aplicable, pero el Ayuntamiento considera imprescindible agotar todas las vías para salvaguardar un espacio de alto valor ecológico.
El proyecto en disputa, denominado ‘Gara’, prevé la construcción de 28 viviendas, locales comerciales, aparcamientos, trasteros y una piscina comunitaria sobre una parcela de 3.200 metros cuadrados situada junto al núcleo turístico-residencial de Palm-Mar. El ámbito de actuación se encuentra dentro del Monumento Natural de la Montaña de Guaza y en un entorno vinculado a la Red Natura 2000.
La documentación ambiental incorporada al expediente, elaborada por una consultora contratada por la promotora, concluye que la intervención no tendría efectos significativos si se aplican medidas preventivas y correctoras. Sin embargo, el propio informe reconoce una afección indirecta a más de 1.600 metros cuadrados del espacio protegido y advierte de posibles impactos sobre áreas de especial protección ambiental cercanas.
Hasta ahora, la licencia permanecía bloqueada porque el Ayuntamiento consideraba imprescindible la evaluación ambiental previa. La promotora recurrió esta decisión en vía contencioso-administrativa y obtuvo el respaldo del TSJC, un fallo que ha generado preocupación entre colectivos ecologistas. Organizaciones como ATAN han alertado de que, si la sentencia queda firme, podría sentar un precedente que debilite la protección efectiva de espacios naturales en Canarias.
Con el recurso al Supremo, Arona busca no solo frenar un proyecto concreto, sino establecer un criterio jurídico claro que refuerce la seguridad ambiental en futuras actuaciones urbanísticas dentro de espacios protegidos del archipiélago.
