El gobierno actual asegura que heredó la situación de un inventario incompleto y sin control, mientras investiga cómo tres vehículos municipales acabaron prestando servicio en otros municipios como Candelaria.
Soldecanarias.net / Arona
El Ayuntamiento de Arona ha reconocido la existencia de irregularidades en el uso de tres vehículos municipales de limpieza que estuvieron prestando servicio fuera del término municipal, especialmente en el municipio de Candelaria. Según el grupo de gobierno actual, esta situación fue detectada recientemente y está siendo investigada con el objetivo de esclarecer responsabilidades y regularizar la situación administrativa.
En un comunicado oficial, el consistorio atribuye los hechos a una «dejadez administrativa» del anterior gobierno socialista, que según el actual ejecutivo, tardó más de tres años en incorporar al inventario municipal varios vehículos descartados por la empresa concesionaria del servicio de limpieza, UTE Arona. Esta falta de diligencia habría generado un limbo legal en el que los vehículos seguían siendo propiedad de la UTE, aunque ya figuraban en el inventario público.
Los hechos se remontan a 2018, cuando la UTE propuso renovar parte de su flota. La iniciativa fue avalada por informes técnicos y aprobada por la Junta de Gobierno Local. No obstante, al quedar fuera de servicio, la empresa solicitó en 2020 instrucciones sobre el destino de la maquinaria antigua, alertando de un coste anual de mantenimiento superior a los 110.000 euros. El gobierno local de entonces, según denuncia el ejecutivo actual, no dio respuesta a dicha petición.
Fue en 2022 cuando se formalizó la inclusión de tres de estos vehículos en el inventario municipal, aunque sin completar el trámite legal de cesión de propiedad. Por tanto, aunque los vehículos aparecían como bienes municipales, legalmente seguían perteneciendo a la empresa concesionaria.
La situación se destapó a raíz de una denuncia pública y una solicitud de información del concejal de la oposición Luis José García García, quien formaba parte del gobierno durante los años en los que se desarrollaron estos hechos. A partir de ese momento, se solicitaron informes técnicos y jurídicos que confirmaron la existencia de una irregularidad.
Actualmente, los vehículos están bajo custodia municipal mientras se desarrolla la investigación. El grupo de gobierno asegura que, desde su llegada en mayo de 2023, ha apostado por la transparencia y una gestión rigurosa de los recursos públicos. Afirma también que tomará todas las medidas necesarias para depurar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
“El compromiso es claro: poner orden en lo que nos hemos encontrado y garantizar que el patrimonio público se gestione con responsabilidad”, concluye el comunicado oficial.
